Santiago López y Severiano Delgado Cruz
La memoria de los hombres es selectiva y se oculta a sí misma los hechos. A los pocos días de un suceso sus protagonistas y los observadores ya han variado su interpretación, y después de unos pocos años la realidad queda desdibujada. Con el tiempo las dudas asaltan por doquier y la memoria se revela indómita. Nuestra capacidad de recordar está hecha para permitirnos sobrevivir, nuestra memoria no es una perfecta evocadora del pasado, aunque estemos convencidos y digamos aquello de "yo lo viví". Al final, lo importante de cada una de nuestras vidas para nosotros mismos no es como sucedió, sino como nos lo vamos contando por la noche, poco antes de cerrar los ojos y dejar que el sueño intente reparar los quebrantos del día. Por la mañana aparecerán los mitos, las leyendas, las tradiciones, las coplas, los cuentos y los héroes. Todos son imágenes de una realidad perdida, imágenes que conforman una nueva realidad y que nos permiten mantener la mente serena para seguir viviendo.
Nuestro trabajo como historiadores es buscar el documento, que es la huella de la noticia, el registro seco del acontecimiento. El apunte de la entrada de un cadáver en el libro del registro del cementerio, la página del tomo de defunciones en el registro civil, la relación de presos que entran y salen un día de la prisión, las holandesas mecanografiadas de los procesos judiciales, las facturas de los hospitales, las deudas del ayuntamiento con los hoteles por el cobijo dispensado a los refugiados, el informe del policía sobre un delito y los huecos y tachaduras, todos ellos forman un puzzle con piezas mal puestas y llamativos vacíos, pero un puzzle que es, tan sólo, el que se puede probar. Así es el método histórico.
En el presente estudio hemos utilizando las fuentes de los archivos. Siempre faltan archivos por ver, por eso el puzzle no termina, así que esta historia está incompleta. Pero no lo está por que no contemos lo que los recuerdos de la gente tiene en sus memorias, esos recuerdos de poco valen si no se encuentra el papel, y un papel en el archivo, un papel público que todo ciudadano pueda consultar.
Creemos que una investigación específica sobre un pueblo de mediano tamaño, 10.000 habitantes en Ciudad Rodrigo y unos 60.000 en toda su comarca, puede alumbrar sobre el calibre de los acontecimientos que se desataron tras el frente de guerra y que tienen que ver directamente con la represión política en la zona nacional.
El calibre de los acontecimientos que se desarrollaron en este pueblo pueden considerarse como mínimos en comparación con la mayor parte del territorio, por eso creemos que puede valer para entender lo que sucedió en todo el territorio nacional. Estimamos que sólo un dato ya es esclarecedor. Una vez acabada la guerra civil se abrió el proceso judicial para la depuración económica de las personas que habían sido contrarias al régimen de Franco. Aquel proceso partía de la documentación que se tenía de los juicios militares (juicios por rebeldía militar) y civiles (juicios por motivos políticos) anteriores. Al final se iniciaron 120.000 expedientes judiciales sólo por motivos económicos. Estas 120.000 personas en la mayoría de los casos sufrieron tres juicios y en este tercer proceso muchos se encontraban encarcelados o ya habían sido ajusticiados ilegalmente (la propia administración no tenía noticia de su asesinato hasta que iba contra sus bienes). Para poder iniciar las causas se utilizaron las informaciones de los juicios anteriores y todos los documentos incautados a todo tipo de asociaciones y grupos políticos. Se creo un servicio especial para recabar esta información en la ciudad de Salamanca (el actual Archivo de la Guerra Civil) donde se llegó a alcanzar la cifra de dos millones de nombres sospechosos.
1. La Ciudad Rodrigo Frente Popular
El triunfo del Frente Nacional el 16 de febrero de 1936 condujo a una renovación de los Gobernadores Civiles. Esto permitió al nuevo Gobierno de la nación revocar las suspensiones que pesaban sobre muchos concejales de partidos de izquierdas. Los munícipes habían sido apartados por sus actitudes revolucionarias durante los acontecimientos de 1934. En Ciudad Rodrigo la victoria del Frente Popular no se plasmó hasta el día 27 de febrero. Ese día se cambió el status de fuerzas en la corporación municipal y el alcalde, Juan del Valle Santamaría, fue relevado. Él no quiso participar en aquella transición de una a otra corporación, así que sería Eugenio Pérez Hernández, con el apoyo de Salustiano Martín Villalpando, Félix Martín Moro y Ramón García Sánchez, todos ellos de la anterior corporación, los encargados de dar legalidad al cambio.
La nueva corporación nombró a Manuel Martín Cascón como alcalde y a Aquilino Moro Ledesma, Francisco Oliver, Santiago González de las Iglesia y Eugenio Cerezo Hernández como los principales cargos. Además de ellos cinco el decreto del Gobernador permitió a José Montejo Hernández, Ángel Grimaldos Múgica, Ángel Herrero Cascón, Pablo Santos Sánchez, Vitoriano Gómez Hernández y Ángel López Delgado entrar en la nueva corporación.
El nuevo ayuntamiento se reunió el 4 de marzo y retomó los asuntos que se venían discutiendo desde principios de año: las obras de Telefónica, la parcelación de los terrenos cercanos, las obras en la ciudad encaminadas a paliar la situación de paro obrero y como en toda España tres temas conflictivos: el cambio de nombre de algunas calles, la educación religiosa y la reforma agraria.
Una de las primeras decisiones fue reponer el nombre a la calle Pablo Iglesias. La anterior corporación la había cambiado por la de Ramón y Cajal. A su vez, la Plaza del Conde pasaba a ser la Plaza de Ramón y Cajal. Un mes más tarde, el 5 de abril se hizo un acto institucional para oficializar el cambio de nombres y se puso una placa conmemorativa en honor de Pablo Iglesias. Durante el acto los alumnos del seminario lanzaron proclamas contra el Gobierno y los grupos que formaban el nuevo ayuntamiento. La situación acabó en altercados y detenciones. El 17 de abril se detuvo a cinco personas (Isidoro Sánchez Moro, Juan Agustín Calzada Hernández, Herminio Honorio Gómez Almaraz –puestos en libertad el 10 de mayo- , Manuel Domínguez Rodríguez –puesto en libertad al día siguiente- y Juan Manuel Iglesias Paniagua –puesto en libertad al día siguiente-). Esta primera confrontación dio origen a otras protestas, que se unieron a las dificultades puestas por las nuevas corporaciones en algunos pueblos para celebrar las procesiones de Semana Santa y el Corpus.
Aunque los motivos aparentes eran las disputas religiosas y políticas el verdadero asunto que estaba enfrentando a unos y otros era la reforma agraria. Poco antes, a finales de marzo, el nuevo Gobierno se había reunido con un buen número de representantes de delegaciones municipales para informarles de los proyectos que se iban a llevar a cabo en materia de reforma agraria. A aquella reunión asistieron los representantes de Ciudad Rodrigo. A su regreso el ayuntamiento se reunió el 3 de abril para informar que la Junta Provincial de Reforma Agraria ya había destacado a Ciudad Rodrigo dos ingenieros que habían visitado las dehesas de "El Valle" y "Conejera". La reforma parecía que se abría camino con velocidad. A la siguiente semana se inició la revisión de otras dieciocho fincas para iniciar los asentamientos. El alcalde pidió a aquellos de sus vecinos que tuvieran la condición de campesinos sin tierra que se apuntaran en el censo, el cual llegó a tener cerca de los 7.000 miembros, la mayoría a título individual pero también había cooperativas y agrupaciones más o menos relacionadas con los sindicatos.
Aquello suponía un cambio notable en el régimen de explotación y tenencia de la tierra, el elemento esencial en una sociedad eminentemente agrícola y en la que la propiedad de la tierra implicaba todo aquello que no era simplemente malvivir. Sin embargo, la anhelada entrada en las fincas no se produjo de forma inmediata. Es más, los concejales de izquierda del consistorio se enfrentaron entre ellos y se dividieron, no tanto por grupos políticos sino por inclinaciones personales respecto a cómo y cuando debían hacerse las entregas. Tal y como reflejan las Actas del Ayuntamiento algunos miembros de Izquierda Republicana y de la minoría Socialista; Eugenio Cerezo, Vitoriano Gómez y Pablo Santos con José Montejo Hernández al frente, decidieron el 17 de abril presentar su dimisión, porque a su juicio la Junta Provincial de Reforma Agraria no llevaba con la celeridad debida los expedientes "lo que paliaría de manera eficacísima la gran crisis de trabajo que viene azotando a la humilde masa campesina de esta población." Entre los socialistas también aparecieron voces disidentes y Santiago González de la Iglesia optó por unirse a la petición. Por el contrario Ángel Grimaldos Múgica criticó a todos ellos por tomar la decisión más fácil en tiempos tan difíciles. Aquilino Moro Ledesma apeló a la unión de los republicanos para mantener el ayuntamiento y por fin el alcalde tomó la palabra para poner a cada cual en su sitio.
Manuel Martín Cascón explicó que los expedientes de "Conejera" y "El Valle" habían sido tramitados el día 14 de abril por el Instituto de Reforma Agraria de Madrid, así que el Gobernador Civil debía de estar a punto de dar la orden de entrada. Los miembros de Izquierda Republicana decidieron que posponían su dimisión al día 21, pero que si en ese día las cosas seguían igual, entonces sería una decisión irrevocable. La corporación entera resolvió que presentaría la dimisión como comisión gestora al Gobernador Civil, aunque sabían que la respuesta sería negativa, sin embargo esperaban que ello sirviera para acelerar los trámites. Pero antes de que llegara el día 21 el Gobernador Civil había dejando bien claro que la estrategia de invadir las fincas sin esperar al dictamen del Instituto de Reforma Agraria significaba que los ocupantes quedaban excluidos del reparto legal ulterior.
Al final del mes las entradas en las fincas se estaban ya planificando para iniciar los repartos. Las expectativas que se habían creado con la capacidad de algunas dehesas para mantener un buen número de trabajadores del campo, como era el caso de "El Valle", se vieron reducidas y hubo que recurrir a la recolocación de algunos jornaleros en otra fincas.
José Montejo volvió a utilizar el descontento y los retrasos para pedir el voto de censura contra el alcalde, acusándole primero, de que el mismo alcalde le había censurado a él en su agrupación política, segundo, que el alcalde había hecho gestiones ante la Junta Provincial de Reforma Agraria para que se excluyeran las fincas "Pascualarina", "Tejadillo" y "Valmaqueda" y tercero, que Manuel Martín había solicitado la excarcelación de los detenidos por los acontecimientos de la placa de Pablo Iglesias. Ante las acusaciones la corporación decidió abrir una investigación. A mediados de mayo se comprobaba que las dos acusaciones de prevaricación contra Manuel Martín Cascón eran falsas.
Durante los primeros días del mes de mayo se mantuvo el compás de espera. Pero el día 10, con la salida de la cárcel de tres de los detenidos por los sucesos de abril antes citados en relación a la placa en honor de Pablo Iglesias, el malestar fue en aumento y terminó derivando en un enfrentamiento el 12 de mayo, en el cual resultó muerto accidentalmente por arma de fuego un barrendero. El 13 de mayo se detuvo a Carlos y Manuel Domínguez Rodríguez acusándoseles de aquella muerte y de provocar lesiones a varios vecinos. Junto a ellos se apresó a dieciséis personas más que fueron puestas en libertad inmediatamente. Ese mismo día tuvo lugar en Ciudad Rodrigo una huelga general. En las jornadas siguientes continuaron los encarcelamientos por desórdenes y tenencias de armas.
Tras estos incidentes parece que en Ciudad Rodrigo no hubo mayores disturbios, aunque el Gobernador Civil, siguiendo instrucciones generales para toda España, seguía requisando las armas de todos los ciudadanos para evitar conflictos como los de mayo en Ciudad Rodrigo. Aunque, desgraciadamente, carecemos de la información del Gobierno Civil que podría o no confirmar este extremo. El mes de junio aparece hoy por hoy como un mes de calma. Los estudios para la Reforma seguían su curso y las protestas habían cesado. Por fin, el 15 de julio se iniciaron las entradas oficiales en las fincas, tal y como la Junta Provincial de Reforma Agraria indicaba. A juicio del alcalde las fincas de "Palomares", "San Miguel de Caldillos" y "Casablanca" eran excelentes para los fines de la Reforma Agraria.
Ciudad Rodrigo se convirtió en uno de los lugares más importantes para ensayar la reforma agraria que pretendía el Frente Popular. Extremadura, Toledo y Salamanca eran las provincias principales de la nueva reforma, y dentro de Salamanca destacaba Ciudad Rodrigo con 22 fincas, 1.152 asentados previstos de un censo de casi 7.000 braceros y pequeños propietarios y arrendatarios. Sin embargo la reforma no se llevó a cabo cinco días después todo habría acabado.
2. Ciudad Rodrigo en armas
El levantamiento de los militares pasó de ser un rumor a una noticia preocupante en la tarde del 18 de julio. Con las ultimas luces del día quedó clara la decantación del gobierno militar en la provincia a favor de los sublevados. Hasta aquel momento los dirigentes izquierdistas no se habían movilización contra el golpe. En Salamanca su alcalde Prieto Carrasco, el Diputado a Cortes socialista José Andrés y Manso y el propio Gobernador Civil decidieron iniciar la resistencia civil. La Casa del Pueblo y la Diputación Provincial fueron los lugares elegidos para organizarse. La prioridad era reunir el mayor número de armas posibles. Su plan era resistir en la capital apoyándose en los obreros de los barrios, en especial de Pizarrales, y de pueblos muy cercanos como Tejares. A su vez era vital mantener Ciudad Rodrigo y los pueblos al norte de Miróbriga para tener una línea de retirada hacia Portugal.
Andrés y Manso dio una de las escasas pistolas a su secretario y brazo derecho Antero Pérez Rodríguez, presidente a su vez de las Juventudes Socialistas Unificadas de Salamanca, y le envió a Ciudad Rodrigo.
Antero llegó ya de noche. Manuel Martín Cascón ya había dado los primeros pasos siguiendo las consignas que emitía Unión Radio desde Madrid: reunir armas y automóviles e intentar tomar los cuarteles de la Guardia Civil. El Ayuntamiento fue por unas horas su cuartel general. Allí constituyeron una célula de resistencia junto con Aristóteles González Riesco (gestor de la Diputación Provincial), y Domingo Hurtado Martínez (presidente del Partido Comunista en Ciudad Rodrigo). También se les unieron otros miembros del consistorio o que habían apoyado en las elecciones al Frente Popular, como Joaquín Gaite Veloso (director del Instituto de Segunda Enseñanza), Luis Sánchez Rivera (agente de vigilancia), Vicente Repila Tetilla (carretero), Aquilino Moro Ledesma (sastre) y Emilio Calvo Vallejo (alpargatero).
Su intención era defender Ciudad Rodrigo del avance que vendría por la carretera de Salamanca, si se confirmaba la caída de la capital. Con este propósito intentaron montar la defensa del pueblo y proteger la retirada hacia Saelices el Chico, donde Eusebio Garduño Alonso y Martín Cenizo Calderero habían organizado la retaguardia. Entre Saelices y Ciudad Rodrigo, Epifanio Cejudo Cejudo, cartero del primero de los pueblos, iba y venía para coordinarlo todo. Desgraciadamente las obras de Telefónica no se habían concluido. Más al norte, también el alcalde de Villar del Ciervo, Angel Lorenzo Bajo, estaba preparado para cortar la carretera e impedir el paso a los insurgentes, era el último punto de resistencia antes de intentar escapar por Aldea del Obispo a Portugal.
Aquella misma noche intentaron convencer al comandante del puesto de la Guardia Civil para que les entregara las armas procedentes de las incautaciones que ésta había hecho en los meses anteriores por orden del Gobernador Civil. El comandante se negó, pero tampoco inició ningún movimiento contra ellos. El alcalde, Manuel Martín Gascón, confiscó todos los vehículos de tracción mecánica para traer milicianos de izquierdas de los pueblos limítrofes e intentar tomar el cuartel. La comitiva estuvo recorriendo la ciudad toda la noche del 18 y todo el día 19, pero en ningún momento contaron con armas y hombres suficientes para enfrentarse a la Guardia Civil. Los actos más violentos fueron la rotura de algunas lunas, como las del Banco del Oeste de España. El comandante se limitó a esperar que los seguidores del alcalde se dieran cuenta de su aislamiento. Salamanca ya había caído por la mañana y a primera hora de la tarde los militares entraban sin que hubiera ya resistencia alguna en los tres centros del poder civil: el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Civil.
La noticia llegó pronto a Ciudad Rodrigo, pero el comandante de la Guardia Civil esperó hasta última hora de la tarde. Entonces, intentó salir del cuartel y declarar el estado de guerra. Sin embargo, se encontró con tal resistencia que tuvo que volver al cuartel. Según pasaba el tiempo se multiplicaban los rumores de que los pueblos pequeños de la comarca iban cayendo. Por la noche llegaron otros números de la Guardia Civil procedentes de Villar del Ciervo, que habían sido despedidos no sin tensión por los propios habitantes de aquel pueblo. No sería hasta la mañana del día 20 cuando conseguiría la Guardia Civil, con el Capitán Juan Sáez Chorlot al frente, controlar la situación y declarar finalmente el estado de guerra. Los dirigentes de la resistencia, con Antero y Manuel al frente fueron apresados y conducidos inmediatamente a la cárcel de Salamanca para esperar el juicio militar. El resto fue encarcelado en la propia Ciudad Rodrigo.
Juan Sáez Chorlot decidió que al día siguiente se haría oficial el cambio de Ayuntamiento. A las 15:30 horas del día 21 el capitán y actuando como secretario un funcionario de la Comandancia Militar de la Plaza iniciaron una breve junta en el Salón de Sesiones. Se decidió que el nuevo alcalde sería Magín Viciros de Anta, y que sus tenientes de alcalde serían Pascasio Trinchet Nicolás, Juan Manuel Morales Martín y Juan José Montero González, a los que se uniría también Juan Antonio Rodríguez Bernal. La otra decisión fue crear una "milicia fascista", tal y como ellos la definieron, armada y al mando de Eusebio Arévalo Vicente, en la que quedaban integrados las Juventudes de Falange, Acción Popular, Renovación, el Bloque Agrario y Requetés.
En algunos pueblos de la comarca persistió una mezcla entre la defensa de ayuntamientos tal y como se habían formado con el Frente Popular, la resistencia institucional y la confianza en que pronto se terminaría todo aquello. Pero la rápida respuesta de las nuevas autoridades en la comarca, desde Retortillo hasta Espeja impuso el nuevo orden militar. En Retortillo el alcalde Isaías Montero Egido, del Frente Popular, se negó el día 21 a publicar el bando de estado de guerra, obligatorio para todos los pueblos de la provincia, y declaró la huelga general. El pueblo fue tomado por la fuerza militar y se inició un consejo de guerra, cuyas consecuencias fueron inmediatas. Se condenó a 30 años de cárcel al alcalde, y a sus seguidores a penas menores de reclusión de entre cuatro meses y dos años. La oposición a partir del día 21 ya era considerada como un acto de guerra contra la autoridad, por tanto ahora las fuerzas armadas se sentían legalmente amparadas. En Espeja sucedió lo mismo que en Retortillo. El presidente y el vicepresidente de la Casa del Pueblo, Aurelio José Juan y Nicolás Iglesias Vicente fueron condenados a cadena perpetua por no acatar la declaración de estado de guerra
La resistencia armada fue casi inexistente. Toda Salamanca quedó dentro de la zona nacional y pronto empezó a ser considerada como una zona segura de la retaguardia. Algunos intentaron escapar hacia Portugal, pero la frontera quedó sellada para no dejar pasar a los refugiados, en especial en el paso de Fuentes de Oñoro. La huida, tan sólo pudo ser hacia el sur, porque intentar llegar a las bolsas de resistencia de León era imposible. Así que la sierra cacereña de La Canchera apareció como el único lugar seguro cercano. La resistencia republicana se habían hecho fuerte en Cáceres y a la bejarana se había trasladado a las sierras limítrofes de la vecina provincia. Pronto, todos ellos estuvieron defendiendo un largo frente que iba desde Gredos hasta Madrid.
3. Ciudad Rodrigo bajo la represión.
La represión directa utilizando el asesinato se desató a los pocos días. Después de que los militares tomaran el poder en los pueblos e hicieran los primeros consejos de guerra expeditivos, dejaron que el terror fuera administrado por las fuerzas paramilitares con o sin su apoyo directo.
El alcalde Manuel Martín Gascón, su primer teniente de alcalde, Aquilino Moro Ledesma y Antero Pérez Rodríguez fueron considerados como los instigadores de la resistencia. Fueron conducidos a la prisión de Salamanca junto con otros seis encausados (Vicente Repila Tetilla, Domingo Hurtado Martínez, Aristóteles González Riesco, Joaquín Gaite Veloso, Ángel López Delgado –concejal- y Jesús Martín Rodríguéz)
Los fusilamientos sistemáticos contra los políticos y ciudadanos que se habían opuesto al levantamiento se iniciaron al final del mes. Los primeros en caer el día 29 fueron Casto Prieto y el Diputado Manso. Al día siguiente, lo haría el concejal también de Salamanca Casimiro Paredes Mier. La capital fue el centro de la represión. A ella iban a parar los principales encausados de los pueblos de la provincia y en su Cárcel Provincial se amontonaban los presos. La prisión había sido diseñada para 300 reclusos y en aquellas fechas ya pasaban del millar.
Al iniciarse el mes de agosto de 1936 comenzaron los juicios militares y fruto de los mismos fueron los fusilamientos. Agosto arrojó una media de casi dos personas fusiladas por día en Salamanca. Eran presos procedentes en su mayoría de los apresados en los sucesos de la propia capital y en segundo lugar de la comarca de Ciudad Rodrigo.
En los pueblos pequeños aparecieron los fallecidos desconocidos, pero en poblaciones como Ciudad Rodrigo los asesinados eran casi siempre de convecinos. La represión sistemática se inició con los asesinatos del 12 de agosto de Denis Hernández Rodríguez, Eugenio Cerezo Hernández (concejal de Izquierda Republicana durante el Frente Popular), José López Rodríguez y Andrés Jorjoz (o Forjoz) González. Este primer embate iba contra los miembros del Ayuntamiento, la Casa del Pueblo y los sindicatos. El nuevo alcalde fue quien mandó que se los apuntase en el registro civil.
La segunda oleada fue el 19 de agosto. En esta ocasión fueron fusilados Isidro Sánchez Mateos, Juan Vicente Sánchez y Francisco Oliva Pastor (concejal durante el Frente Popular). En esta ocasión el capitán de Carabineros, Marcelino Iberos remitió al registro civil la información al siguiente día. La hora fue las 18:30. Marcelino protagonizó el que sería el mayor crimen en Ciudad Rodrigo. El 15 de septiembre a las 5:30 de la mañana en la dehesa de "Aceñuelas" caían Ángel Grimaldos Múgica (concejal del Frente Popular), Victoriano Gómez Hernández (concejal del Frente Popular), Félix González Cabreras, Marcelino Marcos Martín, Desiderio Criado Barés, Constantino Domínguez Guerra, Eladio Pulido González, Felíx Martín Moro (concejal de la corporación anterior a la del Frente Popular y que había facilitado la transición de una a otra) y Segundo Lobato Plaza.
En la cárcel de Salamanca las noticias de los asesinatos llegaban inmediatamente. El alcalde Manuel escribió una carta de despedida a su esposa, sabía que sus días estaban contados. Así fue. el 30 de agosto él y seis de los detenidos en julio eran fusilados. La mitad de la corporación había sido asesinada y la otra mitad andaba huida cuando no desaparecida.
Tras estos acontecimientos la represión se fue ampliando a toda la comarca. Podemos diferenciar cuatro zonas de acuerdo a la intensidad de la intensidad de la misma:
Noroeste. La propia Ciudad Rodrigo y los pueblos cercanos hacia el norte como Saelices el Chico, Villar de Ciervo y Gallegos de Argañán
Este. El valle del río Yeltes, con su epicentro en Villavieja de Yeltes.
Suroeste. La zona al oeste de Ciudad Rodrigo, a lo largo del valle del río Azaba, con los municipios, entre otros de Fuentes de Oñoro, Espeja, Campillo de Azaba y Gallegos y Alberguería de Argañán
Sur. Hacia el Sur, el camino a Coria: El Bodón, Robleda y Peñaparda
Noroeste. Entrando en una descripción más pormenorizada podemos señalar que la carretera a Ciudad Rodrigo se convirtió en el camino principal del terror, desde Barbadillo hasta Fuentes de Oñoro, pueblos ambos incluidos. No obstante, a lo largo de esta carretera, dos fueron las zonas que sufrieron más. Por una parte destacó la propia Miróbriga y la zona norte en dirección a Saelices el Chico y Villar de Ciervo. La represión aquí se derivaba directamente de la revancha contra los acontecimientos de los días 19 y 20 de julio ya narrados. Pero el terror se extendió incluso a los miembros del Partido Radical en forma de multas y embargos. De todos los dirigentes detenidos, ya indicados con anterioridad, tan sólo a Cejudo Cejudo y a Calvo Vallejo se los condenó a 30 años de prisión, el resto fue fusilado el 30 de agosto. Pero incluso estos dos desaparecían cinco meses más tarde, en el traslado al penal de Burgos, al que nunca llegaron. Algunos escaparon, como Agustín Risueño González, Director del Banco del Oeste y reconocido socialista, mas en diciembre fue detenido y asesinado en las proximidades de Béjar. Parece que el único que logró sobrevivir, aunque con una condena de cadena perpetua, fue "El Somiet" (apodo derivado de Soviet), un carabinero retirado de nombre Juan Carreño que fue sorprendido el día 21 de julio abogando por la huelga general.
Las ejecuciones dieron paso a los juicios y no parece que desde el final del verano hubiera mas acontecimientos, pero al final del año encontramos nuevos asesinatos. El 16 de Diciembre fueron fusiladas otras nueve personas procedentes de la cárcel provincial de CR. Se hallaron en el camino a Sanjuanejo, al bordear a la derecha La Caridad. Eran Evaristo Pino Castaño, Avelino Martín Cascón, Olegario Niño Caballero, Alfredo Miguel Plaza, Serapio García Alaejos, Eduardo Aparicio Fernández, Emilio Marín Donoso , Jose María Sevillano Piñero y otro más cuya familia recogió el cadáver antes de que la policía llegara para identificarlos.
Este. Es la zona que engloba el Campo de Yeltes, en especial Villavieja de Yeltes, Villar de Yeltes y Retortillo. En Villares el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Tierra, José Aparicio Galache, fue condenado en rebeldía y fallecería en la prisión de Fuerte de San Cristóbal (Pamplona) en 1941. Para otros dos afiliados al mismo sindicato las condenas fueron por veinte años, a lo que se sumaban multas que en la mayoría de los casos suponían el embargo total de sus bienes, dejando a las familias, normalmente numerosas, en situaciones muy precarias. En 1941 el escrito de uno de los acusados a veinte años que pide la revisión de su caso, José Casado Calzada, explica la conexión entre la reforma agraria de la República y el terror en la Guerra Civil en la comarca del valle del río Yeltes. Indica José que "no tuvimos otra instrucción que muy escasos días en la escuela primaria, y que si en algo nos desviamos de la rectitud social que siempre habíamos tenido por norma, fue debido a la desesperación, que nos producía, avivada por profesionales de mitin, el vernos sin tierra para trabajarlas, por pertenecer a un término municipal que además de pequeño se halla dividido en tres grandes fincas, que nos privan a la mayoría de los vecinos de Villares de Yeltes, de los medios indispensables para subsistir."
Suroeste. No tenemos constancia de que la represión fuera muy dura en esta zona. Parece que las penas fueron en su mayoría de índole económica y relacionadas con los repartos de tierras que se habían producido o por los que habían abogado las autoridades locales. Algunos pequeños propietarios se vieron con multas muy cuantiosas, como Esteban Bravo y Bravo, miembro de Izquierda Republicana en Fuentes de Oñoro, quien tuvo que deshacerse de la mitad de sus propiedades por haber apoyado el reparto de tierras propuesto por el Frente Popular. En Campillo de Azaba todos los miembros de la Casa del Pueblo fueron investigados a raíz de que a Manuel Calzada González, vicepresidente del STT local, se le "invitase" a redactar la lista de todos los miembros del STT, en especial de los que no eran jornaleros y de las autoridades del ayuntamiento que también estaban en el STT. También en Gallegos de Argañán parece que la represión quedé en encarcelamientos y multas por haber asaltado fincas.
Sur. A juicio de José Alonso Pascual pocos pueblos como Robleda y Peñaparda en la provincia de Salamanca sufrieron semejante represión. Cuenta José Alonso que por cada caído en el frente se paseaba a un rojo, de modo que al final hubo 20 asesinados, 8 apaleados o vejados, un procesado y 2 desaparecidos.
4. El final
Después de esta descripción de los hechos cabe preguntarse cuáles eran los puntos en común de tanto encausado y ejecutado. En síntesis se pueden señalar dos: pertenecer a uno de los partidos de la coalición del Frente Popular y/o haber participado en la reforma agraria iniciada en 1936. En estas circunstancias, intentar mediar por un familiar o por un amigo no dejaba de entrañar peligros. Tan sólo altos cargos militares y eclesiásticos podía interceder sin riesgo. Por ejemplo, sabemos que en Ciudad Rodrigo fue fundamental la intervención del canónigo de la Catedral Serafín Tella Gallego, que consiguió librar del fusilamiento y la cárcel a algunos conocidos de aquí y de Robleda, de donde era natural. En el año 1937 Miróbriga ya era una plaza de la retaguardia. Pronto se abrieron la listas para acoger a niños huérfanos del territorio conquistado, aunque no hay noticia de que llegasen. Sí en cambio fueron acogidas varias familias fruto de matrimonios con ciudadanos alemanes que habían escapado del frente de Madrid. Las ejecuciones fueron dando paso a los trabajos forzosos. Fue así como se hizo en el mes de agosto el camino de Villavieja de Yeltes a Ciudad Rodrigo.
Una vez acabada la guerra los soldados regresaron a casa y tras dos años, el 10 de agosto de 1941, se publicó el edicto general para hacer la lista de los mirobrigenses asesinados en la zona roja. Después de varias pesquisas se completó la lista: José Ruano Montero, Miguel Alonso Araujo, Francisco Solo Rico y Amador Santos Pérez
